- La concesión privada contempla una vialidad elevada de 12 kilómetros para conectar el sur de Tijuana con la zona fronteriza; los recursos legales promovidos en Otay han condicionado parte de los trabajos.
La construcción de la Supervía Bajacaliforniana Elevada Sube-T representa uno de los proyectos de infraestructura vial de mayor escala en Tijuana. Con una inversión privada anunciada de 20 mil 500 millones de pesos, la obra busca conectar el Nodo Morelos con la garita de Otay mediante un recorrido elevado de aproximadamente 12 kilómetros.
Los trabajos comenzaron el 1 de abril de 2026 y el proyecto contempla una concesión de 30 años, con una conclusión prevista para enero de 2029. Su desarrollo implica intervenciones en distintos corredores de la ciudad, así como la coordinación de infraestructura urbana, servicios públicos y derechos de propiedad.
Controversia por el trazado en Otay
Uno de los puntos más complejos del proyecto se encuentra en la zona comercial y gastronómica de Otay, donde residentes y comerciantes promovieron recursos legales ante posibles afectaciones a establecimientos, estacionamientos, propiedades privadas y áreas arboladas.
Entre el 25 de mayo y el 21 de julio de 2026 se presentaron once juicios de amparo relacionados con la obra. En agosto, autoridades estatales dieron a conocer que diez de esos procedimientos contaban con suspensiones provisionales. Posteriormente, el 1 de octubre, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Arturo Espinoza Jaramillo, informó que se habían promovido 12 amparos relacionados con la construcción en esa zona.
Los recursos legales están relacionados con las condiciones de intervención en el corredor comercial, las disposiciones ambientales y las posibles afectaciones a propiedades y establecimientos. Sus alcances deben distinguirse según cada procedimiento, pues las suspensiones provisionales no representan necesariamente una paralización general del proyecto.
Ajustes en los frentes de construcción
En septiembre, autoridades estatales informaron que los trabajos continuaban en distintos puntos de Tijuana, mientras se revisaban ajustes al proyecto para evitar afectaciones a propiedades privadas. También se realizaban sondeos para identificar la ubicación de redes subterráneas de agua potable, drenaje y electricidad antes de avanzar con determinadas intervenciones.
El pasado 1 de octubre, la SIDURT informó sobre una reorganización temporal de los frentes de trabajo para avanzar hacia la zona de Alba Roja, mientras se atendía la situación jurídica del tramo comercial de Otay. En ese momento, la continuación de las obras hacia el bulevar Alberto Limón Padilla permanecía condicionada por los procedimientos legales.
Esta estrategia permitió mantener actividades en otros puntos del recorrido, sin que la controversia en Otay significara la suspensión total de la infraestructura.
Infraestructura y desarrollo urbano
El desarrollo del Sube-T plantea retos que van más allá de la construcción de una vialidad elevada. La ejecución de una obra concesionada dentro de una zona urbana consolidada requiere coordinar el derecho de vía, las redes de servicios, las disposiciones ambientales y la actividad económica de los sectores donde se realizarán las intervenciones.
La resolución de los procedimientos legales y la definición de los frentes de trabajo serán factores relevantes para las siguientes etapas del proyecto. Su avance también dependerá de la capacidad de articular la infraestructura de movilidad con las condiciones urbanas y comerciales de las zonas atravesadas por el trazo.
Con un calendario de conclusión previsto para enero de 2029, el viaducto Sube-T constituye una intervención de largo alcance para la conectividad de Tijuana, cuyo desarrollo requiere atender tanto los componentes técnicos como las condiciones jurídicas y urbanas de su ejecución.
