- El Gobierno estatal atribuye el incremento de recursos al fortalecimiento de los ingresos propios y al ajuste del gasto operativo; la inversión contempla infraestructura, agua y proyectos estratégicos en los siete municipios.
Baja California proyecta alcanzar una inversión pública acumulada de 61 mil 584 millones de pesos al cierre de 2027, con recursos destinados a infraestructura, abastecimiento de agua, educación, seguridad y otros proyectos estratégicos. El monto forma parte de la estrategia financiera estatal para ampliar la capacidad de inversión y atender necesidades de servicios públicos en los siete municipios.
De acuerdo con los resultados presentados por el Gobierno del Estado, el fortalecimiento de los ingresos propios y la contención del gasto operativo han permitido incrementar los recursos disponibles para obra pública. La administración estatal atribuye estos avances a una estrategia de ordenamiento financiero orientada a reducir rezagos y estabilizar los presupuestos de distintas dependencias y organismos.
Aumentan los ingresos propios del estado
La Secretaría de Hacienda de Baja California informó que la autonomía financiera de la entidad pasó de 14.1% en 2021 a 19.3% en 2026. Entre los factores señalados se encuentra el crecimiento de la recaudación del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRTP), cuyos ingresos aumentaron de 4 mil 752 millones de pesos en 2021 a 11 mil 173 millones en 2025.
Para el cierre de 2026, la dependencia estima una recaudación de 12 mil millones de pesos por este concepto. El comportamiento de los ingresos propios constituye uno de los componentes del esquema financiero con el que el estado busca sostener una mayor inversión en infraestructura y servicios.
Recursos para infraestructura y servicios públicos
La proyección de inversión acumulada de 61 mil 584 millones de pesos representa, según las cifras presentadas por la administración estatal, 6.7 veces la inversión conjunta de las tres administraciones anteriores.
Los recursos previstos abarcan proyectos de infraestructura y acciones relacionadas con agua, educación, seguridad y bienestar. Su distribución entre los municipios será relevante para atender necesidades urbanas y de servicios, particularmente en una entidad donde el crecimiento poblacional y la actividad económica incrementan la demanda de equipamiento e infraestructura.
En paralelo, el Gobierno estatal reportó avances en el saneamiento financiero de organismos paraestatales. De las diez entidades que presentaban problemas de insolvencia, seis cuentan actualmente con una situación financiera que la administración considera saludable, después de destinar recursos a la atención de pasivos, adeudos y necesidades operativas.
El desempeño financiero como factor para la inversión
La Secretaría de Hacienda también informó que Baja California avanzó del lugar 12 al tercero a nivel nacional en el indicador de ejercicio fiscal presentado durante la revisión de sus resultados financieros. Asimismo, señaló mejoras en las calificaciones crediticias otorgadas por Fitch Ratings, HR Ratings y Moody’s.
Estos indicadores forman parte del panorama financiero con el que la entidad busca mantener su capacidad de inversión. No obstante, el impacto sobre el sector de la construcción dependerá de la asignación presupuestaria, la publicación de proyectos específicos y el avance de los procesos de contratación y ejecución de las obras.
La materialización de la inversión proyectada será un factor clave para determinar el alcance de las oportunidades para empresas constructoras, proveedores de materiales y prestadores de servicios vinculados con la infraestructura pública en Baja California.
