- La implementación de la CURP con datos biométricos avanza en México como parte de una reforma federal orientada a consolidar un sistema nacional de identidad digital. No obstante, la discusión pública se mantiene abierta ante la falta de claridad sobre su obligatoriedad inmediata y los alcances reales de su aplicación.
El cambio tiene su origen en las reformas a la Ley General de Población publicadas en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2025, donde se establece la incorporación de datos biométricos —fotografía, huellas y firma electrónica— a la Clave Única de Registro de Población. El objetivo institucional es claro: construir una identificación nacional interoperable que permita validar identidad en trámites públicos, financieros y administrativos.
Sin embargo, el avance legal no ha sido acompañado por una aplicación inmediata. La Secretaría de Gobernación ha señalado que la implementación será gradual y que, por ahora, ninguna autoridad puede condicionar servicios a la posesión del nuevo documento. En los hechos, la CURP tradicional continúa vigente mientras se desarrolla la infraestructura tecnológica necesaria para el sistema.
Más allá del trámite en sí, la CURP biométrica representa un viraje en la lógica del Estado mexicano: pasar de registros dispersos a una identidad digital centralizada. Esta transición promete simplificar procesos, reducir fraudes y fortalecer la seguridad documental, pero también coloca sobre la mesa debates sobre protección de datos, seguridad informática y confianza institucional.
La discusión, por tanto, no gira únicamente en torno a un nuevo documento, sino al modelo de relación entre ciudadanía y gobierno en la era digital. La CURP biométrica no será el cambio más visible de inmediato, pero sí podría convertirse en uno de los más estructurales en la administración pública del país durante los próximos años.
