A nombre del sector empresarial organizado de Baja California, conformado por 60 organismos a nivel estatal de diversos sectores productivos, manifestaron su desacuerdo por la manera en que se otorgó la concesión para la verficiación de vehículos en el estado.
«Si bien es un tema que expertos en la materia deben avalar y revisar, esta adjudicación representa una afectación directa que por lo menos durante los próximos 15 años, estaremos sujetos y vinculados a pagos forzosos al momento de la adquisición de nuestras placas vehiculares», señaló Rafael Crosthwaite, presidente estatal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Baja California.
Indicó que existe un proceso legal para ello y durante éste, el empresariado consideró que la sociedad de Baja Calfornia debe estar enterada de cómo es que se eligió a la empresa asignada.
Y es que a semanas de concluir la actual administración estatal no se pueden otorgar concesiones que traspasan incluso más de dos administraciones siguientes, afirmó el dirigente.
«La sociedad bajacaliforniana no podemos permitir que haya un Fisamex en cada servicio que se preste a la ciudadanía. Así pues, pedimos congruencia en las acciones que se realicen y también un enfoque dirigido a una correcta entrega recepción de los recursos de las distintas dependencias», subrayó Crosthwaite.
Por último, el líder estatal del CCE en Baja California refirió el caso del proyecto de municipalización del agua en el Estado, el cual es necesario que se reconsidere, ya que requiere de un análisis profundo y detallado de cada aspecto que involucra.
