El Gobierno de Baja California seguirá con los trámites para la expropiación del Club Campestre de Tijuana, bajo todos los procedimientos que establece la Ley de Expropiación, porque el fin último es el beneficio de casi un millón y medio de tijuanenses, por encima del interés de unos cuantos.
Lo anterior lo señaló el Secretario General de Gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano, quien comentó además que el propósito del actual Gobierno es cumplir con lo que se establece en dicho artículo 14 de la Ley de Expropiación del Estado de Baja California y los procedimientos que ahí se mencionan. Hizo saber que ya fue publicado el segundo de tres edictos mediante los cuales, de acuerdo con la propia ley, corre la notificación legal a los posibles interesados, en este caso sucesores o herederos de quienes ostentaron derechos de propiedad sobre el predio y las instalaciones.
Dijo que uno de los puntos principales y de gran importancia es el eventual acto de impugnación del mismo por parte de la parte legal de quien se sienta agraviado, en una etapa que se le hace llamar como el Derecho de Audiencia.
Rodríguez Lozano explicó que, partiendo de ese día, se abre un periodo de 15 días hábiles, con el propósito de que todas aquellas personas, organizaciones o grupos que llegaran a tener algún conflicto con esta Declaratoria de Utilidad Pública, tuvieran la oportunidad de conocer el voluminoso expediente técnico, el cual está disponible en las instalaciones de la Secretaría General de Gobierno (SGG) en Mexicali.
El titular de la SGG dijo que este expediente se realizó de manera detallada, prácticamente durante un año, para lo cual se analizó la Constitución, las leyes federal y estatal en materia Expropiación, así como casos que generaron Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo diversas tesis aisladas, tratados internacionales, etc. Todo aquello que anteriormente se menciona, se encuentra relacionado sobre el derecho humano; se está priorizando, dijo, la cultura, recreación, salud, esparcimiento, acceso al deporte, etc.
Rodríguez Lozano explicó al final que, una de las notas distintivas que tiene para poder determinar que algo esté vinculado a la utilidad pública es detectar el problema, y toda la zona poniente, norte de Tijuana no cuenta con algún lugar donde las personas puedan fácilmente desarrollarse, tener acceso a la cultura, recreación, deporte, y un área para convivir con la familia, que son ya derechos de los bajacalifornianos.
Dijo el titular de la SGG, que en conjunto todos estos elementos se encuentran establecidos en diversos tratados internacionales de la Constitución y, recientemente, en el artículo 8 de la Constitución del Estado, el cual se reformó hace aproximadamente 4 meses, mismo que se tituló como los 17 nuevos derechos de los ciudadanos de Baja California.
