La información que ha sido presentada por el Gobierno de Chihuahua en torno a las aportaciones de las presas y ríos de dicha entidad para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 ha adolecido de manera sistemática de falta de rigor, y no considera todos los elementos técnicos disponibles.
A su vez, los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respecto a los niveles de presas, así como la información sobre los volúmenes de agua entregados a Estados Unidos en el río Bravo para el cumplimiento del acuerdo, están basados en modelos matemáticos y en registros que son actualizados diariamente a partir de la información pública de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
Dicha información coincide plenamente con la de las secciones mexicana y estadunidense de la CILA, que llevan a cabo de manera independiente sus propios cálculos y registros, a partir de evidencia técnica y científica.
Tanto los registros de los que dispone la Conagua, como los de ambas secciones de la CILA, son de acceso público y están disponibles a través de sus páginas de internet, las cuales documentan puntualmente el avance en el cumplimiento del Tratado.
Cabe señalar que, para conciliar dicho cumplimiento, las dos secciones de la CILA elaboran sus modelos y aplican sus propias metodologías de medición y aforo, conciliando finalmente los volúmenes que se reflejan en las actas formales que validan el cumplimiento del Tratado en cada ciclo.
Con base en la información de Conagua —avalada por la CILA—, al 13 de septiembre (a 41 días del cierre del ciclo 35) el faltante de entrega es de
366 millones de metros cúbicos (Mm3).
A este volumen, debe agregarse la parte proporcional del necesario para uso público urbano en las 14 ciudades mexicanas que se encuentran en la margen derecha del río Bravo, entre la Presa de la Amistad (punto de inicio del cumplimiento en esta zona) y la desembocadura al mar.
El Gobierno de México seguirá actuando con apego a criterios técnicos y legales, con el firme propósito de garantizar la continuidad de las actividades productivas en todas las cuencas —incluida la del Conchos, afluente del Bravo—, la protección de las personas y su patrimonio, así como la seguridad de la infraestructura hidráulica.
