Para evitar que Ensenada y la zona de San Quintín se enfrenten a problemas en el tema del agua, se requiere ajustar las tarifas del servicio para abatir el adeudo de mil millones de pesos que se tiene con la Conagua, sin que se vea como un costo político.
Así lo señaló Héctor Ramos García, secretario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), sección Ensenada, quien indicó que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) no tiene la capacidad económica para solventar sus gastos operativos y las cuotas que debe pagar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Lo anterior debido a que en los últimos 30 años no se ha incrementado el costo de las tarifas por el servicio de agua en Ensenada, lo cual ha provocado un rezago grande entre lo que gasta y lo que cobra la paraestatal.
“El problema, según la Cespe, es que tenemos cerca de 30 años que no ha habido incremento en tarifas, y es más costoso el metro cúbico que llega de agua a los hogares, que lo que cobra la paraestatal; el agua de la desaladora se está vendiendo en 19 pesos el metro cúbico, mientras que los ciudadanos pagan alrededor de 9.50 pesos el metro cúbico, es mucha la diferencia”, expuso.
Detalló que la Conagua es la principal entidad que otorga recursos a la Cespe, con base a la tarifa que paga la paraestatal, manteniendo actualmente un adeudo de mil millones de pesos.
Si la paraestatal no paga, explicó el secretario de la CMIC, la Conagua no puede regresar ese recurso a la Cespe para que haga obras y se hace un círculo vicioso, sobre todo cuando se requiere de la reposición de tuberías, ya que el 30% del agua en el puerto se está perdiendo.
Esta problemática, añadió, puede alcanzar un mayor caos en San Quintín, donde el motor económico es la agricultura, cuyos productos son en su gran mayoría exportados a Estados Unidos.
San Quintín necesita infraestructura para el tratamiento y saneamiento de aguas residuales, dijo, ya que éstas pueden contaminar los mantos freáticos y, a su vez, contaminar el producto agrícola, mismo que no podría ser exportado ante los controles estrictos de Estados Unidos.
Por lo que una solución es ajustar el costo de las tarifas de agua, apuntó Ramos García, sin que esto se vea como un costo político, ya que así lo toman los gobiernos, sin embargo, es una decisión que al final de cuentas tendría un beneficio para el puerto, principalmente para las zonas fuera de la mancha urbana.
“Nos falta mucho la cultura del pago de los servicios en Baja California, un ejemplo es el agua, en Culiacán, por ejemplo, abunda el agua, sin embargo, las tarifas en el consumo industrial y doméstico son 2.5 mayores que lo que se paga en Ensenada. Creemos que obedece más a un tema político el no aumentar tarifas, se está mal entendiendo, pero eso originaria que la dependencia tuviera para pagar las cuotas y para llevar agua a las regiones que no tienen agua”, finalizó.
