- La Planta Desaladora de Rosarito y sus obras de conducción concentran la inversión principal; el programa también contempla proyectos de saneamiento y abastecimiento en distintos municipios.
Baja California proyecta una inversión de 15 mil 616.8 millones de pesos para la construcción de la Planta Desaladora de Rosarito y sus obras de conducción, mediante recursos públicos aportados por los gobiernos federal y estatal. El proyecto busca ampliar la disponibilidad de agua potable para la Zona Costa y fortalecer el suministro a hogares, hospitales, comercios e industrias.
La inversión fue presentada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda durante su Quinto Informe de Actividades, como parte de la estrategia denominada Gobierno del Agua, desarrollada en coordinación con la administración federal.
El proyecto de desalación constituye uno de los componentes centrales de la estrategia hídrica estatal. Su infraestructura permitirá incorporar una nueva fuente de abastecimiento y reducir la dependencia de las fuentes actuales para atender la demanda de agua en la región.
Por separado, el paquete de acciones contempla 3 mil millones de pesos para la recuperación integral del cauce del Río Tijuana, así como 681 millones de pesos destinados al Sistema de Alejamiento de Aguas Tratadas, infraestructura vinculada con los acuerdos binacionales de saneamiento de la región fronteriza.
En el sur del estado, se contemplan más de 1,578 millones de pesos para San Quintín, destinados a la perforación de pozos, la ampliación de la desaladora Padre Kino y la construcción de una nueva planta desaladora municipal.
La estrategia también incluye la introducción de drenaje sanitario en Primo Tapia, localidad de Playas de Rosarito, y la modernización de la infraestructura de distribución en Tecate mediante la puesta en marcha del Tanque Regulador Juárez, que beneficiará a más de 15 mil familias.
Otro componente de la política hídrica es la entrega de títulos de concesión y asignación de agua a los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada. La medida busca otorgar certeza jurídica sobre el acceso y la gestión del recurso durante los próximos 30 años.
En conjunto, los proyectos abordan distintos retos de la infraestructura hídrica de Baja California: ampliar las fuentes de abastecimiento, fortalecer las redes de distribución, mejorar el saneamiento y establecer condiciones para atender la demanda futura de agua en las zonas urbanas y de mayor crecimiento.
