- El dirigente industrial llamó a replantear la política pública y priorizar el crecimiento económico ante el entorno binacional complejo.
En medio de un entorno económico presionado por decisiones comerciales internacionales y políticas públicas internas que no favorecen la inversión, la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO) lanzó un llamado directo a las autoridades para generar condiciones reales de crecimiento y certidumbre en la frontera.
Durante la reunión mensual del organismo, donde se abordó el tema “Nueva facultad de fiscalización en materia de CFDI y su blindaje estratégico legal”, el Lic. José Luis Contreras Valenzuela, presidente de AIMO, advirtió que la economía fronteriza enfrenta una doble presión que limita su competitividad.
“Estamos viviendo como el jamón del sándwich, ya que las disposiciones comerciales dictadas en la frontera nos dañan y la ausencia de una política pública clara también nos estrangula; si no fuera por la resiliencia del sector industrial fronterizo, esto nos asfixiaría”, expresó.
El dirigente consideró que el gobierno federal debe concentrarse en definir estrategias económicas de fondo, en lugar de impulsar reformas que, a su juicio, tienen un enfoque político-electoral y no productivo.
“Necesitamos que la economía se mueva, que haya inversión y empleos, si no hay espacios democráticos y certeza jurídica, los caminos para el crecimiento se reducen, por lo que lo prioritario debe ser generar valor, no monopolizar el poder”, señaló.
Contreras Valenzuela estimó que, si se reencauzan las decisiones económicas y se fortalece la relación trilateral en el marco del T-MEC, la recuperación podría comenzar a reflejarse en el segundo semestre del año, particularmente si se estabiliza el entorno comercial con Estados Unidos y Canadá.
Por su parte, Luis Antonio Ibáñez León, abogado fiscalista de la firma Global Business Advisor (GBA), explicó que durante la sesión se expuso la nueva facultad de fiscalización contenida en el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación, la cual permite a la autoridad suspender desde el inicio del procedimiento los certificados de sello digital.
“Esta modalidad de revisión implica riesgos operativos importantes para las empresas, ya que la suspensión se mantiene hasta que exista una resolución favorable, lo que obliga a las compañías a fortalecer sus estrategias de cumplimiento y blindaje legal ante un entorno fiscal cada vez más estricto”, sentenció.
Para terminar, el abogado fiscalista indicó que hoy más que nunca es indispensable revisar procesos internos, de manera que se pueda reaccionar de manera inmediata ante cualquier procedimiento de fiscalización.