La costa del Océano Pacífico, que se extiende desde Ensenada hasta San Diego, enfrenta una crisis de contaminación provocada por la descarga de aguas residuales de las principales plantas de tratamiento de Baja California. Estas instalaciones se encuentran obsoletas, operan con deficiencias y están rebasadas en su capacidad, a pesar de que anualmente se les asignan presupuestos millonarios.
BORDER HUB.- Una marea turbia conforma el paisaje habitual de las costas del Océano Pacífico. Frente a las playas de Tijuana, el oleaje arrastra heces fecales, grasas y desechos, producto de la contaminación. El olor proveniente del mar se percibe a kilómetros, sobre todo en época de calor.
Cada vez es más frecuente encontrar letreros advirtiendo el cierre precautorio de las playas por riesgo sanitario desde Ensenada hasta Tijuana, en el estado de Baja California, por el lado de México, mientras que, al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, son colocados desde la línea internacional hasta Imperial Beach, en San Diego, California.
La principal fuente de contaminación está plenamente identificada: aguas negras descargadas al mar, reconoció Armando Fernández Samaniego, titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa).
Al sur, a 10 kilómetros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, una cascada de aguas negras gorgotea proveniente de una tubería conectada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Antonio de Los Buenos (PITAR SAB), también conocida como Punta Bandera, ubicada en los límites entre los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito.
Aunque su función era el tratamiento de aguas residuales, la planta de Punta Bandera es la principal causa de la contaminación transfronteriza, se advierte en el informe de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), la cual arrastra aguas negras de Tijuana hacia las costas de San Diego, California.
Esta planta recauda mil 100 litros por segundo de un total de 3 mil 600 litros de agua residual de Tijuana, pero está en desuso desde 2017 porque su infraestructura está obsoleta, por lo que “nomás ve pasar el agua”, dice Manuel Becerra Lizardi, vicepresidente del sector hídrico de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Y, a pesar de no cumplir con su tarea, que es sanear el caudal de agua residual que recibe, de 2020 a 2022, el gobierno de Baja California ejerció en Punta Bandera un gasto promedio anual de casi 20 millones de pesos, de acuerdo a información obtenida vía transparencia.
Aunque se requirió por transparencia el presupuesto ejercido de 2017 a la fecha, CESPT sólo proporcionó el gasto de 2020 a julio de 2023.
Los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito cuentan con 18 plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) ubicada en el límite de Estados Unidos con México. La operación de esta red de plantas de tratamiento representó en 2022 un gasto de 195.8 millones de pesos, de los cuales sólo 9.8 millones de pesos se aplicaron en programas de mantenimiento, de acuerdo a información proporcionada por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) vía transparencia.
Manuel Becerra asegura que no existe una razón que explique el abandono de las plantas de tratamiento de agua residual, cuando en el presupuesto de egresos la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), organismo operador del servicio de agua potable y alcantarillado, sí dispone de recursos para su operación y mantenimiento.
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Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
