El presidente de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito (COMICE TTR), Ing. Luis Carlos Soto Moreno, se pronunció en contra de que el gobierno de Baja California comprometa recursos de los ciudadanos para llevar a cabo obras mediante el esquema de Asociación Público Privada (APP).
Luego de una reunión con el diputado local, Luis Moreno Hernández, el dirigente empresarial puntualizó que obras como la desalinizadora de Playas de Rosarito y la realización del llamado bulevar Zapata, que conectará con seis kilómetros al Aeropuerto Internacional con el acceso a Playas de Tijuana, no son factibles, por lo que lastimarán las finanzas públicas.
«Sabemos perfectamente que no son viables los proyectos y estamos en contra en la forma en que se quieren comprometer los ingresos del Estado para el pago de los mismos», dijo en entrevista.
En el caso del bulevar Zapata, el especialista detalló que si bien el gobierno bajacaliforniano proyecta que la construcción se financie mediante el auto pago, lo anterior no será posible, debido a que el aforo de vehículos no alcanza para que el peaje cobrado cubra los gastos.
El empresario manifestó que al no poder cubrir ese presupuesto, la autoridad estatal recurrirá a pagar con una garantía que es pagada por los ciudadanos mediante los impuestos, afectando la inversión pública.
«Entendemos que esa obra es un capricho, porque la ciudad necesita proyectos viables y redituables, y se pudieran trabajar mediante Asociación Público Privada, con una fuente de repago más sencilla», enfatizó.
Sobre la desalinizadora que se desarrollará en el municipio de Playas de Rosarito, Soto Moreno también se dijo en contra, ya que lo programado supera las necesidades de la región, además de que el erario también se compromete por miles de millones de pesos a lo largo de los años.
Por último, señaló que la visita de Moreno Hernández tuvo el objetivo de que el legislador explicara a los afiliados de COMICE TTR acerca de los avances en el desarrollo de una nueva Ley Electoral para Baja California, por ser los constructores participantes de la vida pública estatal, así como hacer un análisis de las obras que se realizarán bajo el esquema de Asociación Público Privada.
