- La autoconstrucción de vivienda en México enfrenta proyectos largos y sobrecostos hasta 30 %, pese a ser alternativa ante créditos hipotecarios limitados.
Los retrasos y sobrecostos se explican principalmente por la compra fragmentada de materiales y la coordinación progresiva de la obra, lo que genera desperdicios y ajustes constantes en el presupuesto. En promedio, el costo de construcción por metro cuadrado oscila entre 8 000 y 15 000 pesos, dependiendo de la ubicación, calidad de materiales y mano de obra.
Representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) han señalado que el incremento sostenido en el precio de materiales, como cemento, varilla y concreto, impacta directamente en los costos de la autoconstrucción, además de que la falta de obra pública limita la actividad formal del sector.
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI – Tijuana) enfatiza que construir de manera individual puede parecer más económico, pero carecer de supervisión técnica y administración profesional aumenta riesgos de seguridad y calidad estructural.
Estas posturas reflejan que, aunque la autoconstrucción responde a la necesidad de vivienda accesible, los retos de costos, plazos y técnica profesional son significativos, afectando tanto a los autoconstructores como a la industria formal en Tijuana.
El aumento en el precio de los materiales, que supera el crecimiento salarial, provoca que muchas familias detengan temporalmente sus proyectos, reduzcan espacios o prioricen lo esencial sobre la vivienda completa. Este fenómeno repercute en la planeación urbana y en la calidad del entorno residencial, al generar desarrollos parciales o irregulares.
De manera paralela, la edificación residencial formal presenta incrementos de precios por encima de la inflación, lo que eleva aún más los costos para quienes optan por autoconstruir.

La autoconstrucción evidencia la brecha entre la demanda de vivienda accesible y la oferta formal, así como la necesidad de políticas que integren financiamiento, regulación de materiales y supervisión técnica. Comprender estos factores permite orientar estrategias de planeación urbana y desarrollo habitacional, fortaleciendo la competitividad y sostenibilidad de los proyectos residenciales en México.




