- El objetivo es revertir la mercantilización del agua derivada de la ley de 1992 y frenar el acaparamiento, la sobreexplotación, la especulación y el mercado negro del agua
Los recursos hídricos son un bien que le pertenece al pueblo y es fundamental para la vida de las comunidades, tal como lo establece la Constitución Política de México, resaltó la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda durante su Conferencia Matutina de esta semana, en relación con la reciente aprobación de la nueva Ley General de Aguas Nacionales.
“Apoyamos plenamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar esta nueva Ley General de Aguas Nacionales, la cual parte de que el agua es un derecho humano, frena el acaparamiento de este recurso y evita que unos pocos concentren dicho recurso”, expresó la mandataria estatal.
Señaló que las reformas que se han llevado a cabo en materia hídrica han sido a partir del diálogo permanente en las mesas de trabajo entre sociedad, gobierno, sectores productivos y distritos de riego, ejercicio que permitió escuchar inquietudes y, al mismo tiempo, detectar interpretaciones que han resultado imprecisas.
En ese sentido, Avila Olmeda aclaró que la nueva Ley no prohíbe heredar propiedades con concesiones, no impide vender tierras con títulos vigentes, no contempla revocaciones automáticas de concesiones, no criminaliza a pequeños productores y no limita el traslado de agua para actividades agropecuarias, además que reconoce los derechos históricos de pueblos indígenas y sistemas comunitarios tradicionales.
“Es falso que esta reforma es una expropiación disfrazada para beneficiar a grandes empresas o entregar agua a Estados Unidos. El objetivo es revertir la mercantilización del agua derivada de la ley de 1992 y frenar abusos como acaparamiento, sobreexplotación, especulación y mercado negro del agua”, sostuvo.
Asimismo, reiteró que los sectores productivos contarán siempre con una mesa abierta con los gobiernos federal y estatal para disipar dudas sobre esta nueva Ley, que viene a fortalecer los ramos agrícola y ganadero de Ensenada, Maneadero y San Quintín.
Por su parte, el titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Víctor Daniel Amador Barragán, detalló que la nueva Ley favorecerá la implementación de esquemas como la captación de agua pluvial para uso doméstico, así como sistemas de abasto comunitarios en zonas sin acceso a servicios hídricos ni drenaje.
El funcionario añadió que se incorpora la figura de la actividad agropecuaria familiar para fines agrícolas y pecuarios que faciliten el sostenimiento familiar. A su vez, se establecieron medidas para combatir el robo del agua, al fortalecer el procedimiento para imponer multas y sanciones administrativas, que pueden alcanzar las 30 mil UMAS.
