El Gobierno de Baja California, a través del titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), dejó claro que la posible expropiación de Club Campestre es un acto apegado a la ley, que atiende intereses de los tijuanenses, en lugar de los particulares.
Amador Rodríguez Lozano, quien está al frente de la SGG, expresó que la expropiación no se realiza como un acto confiscatorio por parte del Gobierno de Baja California y, no significa que toda la propiedad privada del Estado esté en riesgo como lo aseguran algunos.
“Quiero señalar que la postura del Gobernador Jaime Bonilla Valdez ha sido una postura reactiva ante un grupo de empresas que no pagaban el agua, ni el predial y que habían asumido una actitud prácticamente de sentirse por encima de la ley; cuando el titular del Ejecutivo lo hizo público, me ordenó que analizara la posibilidad de expropiar el Club Campestre, lo cual está contemplado en la Constitución de Baja California”, expresó Rodríguez Lozano.
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Explicó que, tratándose de dicha propiedad, se estudia con detenimiento el tema y total responsabilidad ya que la administración de Jaime Bonilla se apega de acuerdo a la ley.
Negó que haya un amparo tramitado por el despacho De Hoyos Walther, como lo afirmó un socio del Club Campestre ya que, si bien presentaron una solicitud de amparo de índole federal, la cual fue aceptada por un juez, más no se ha otorgado el mismo.
Al final, el Titular de la SGG negó que haya alteraciones al padrón del Registro Público de la Propiedad y el Comercio para realizar la expropiación, como se ha comentado, por lo cual fue contundente al rechazar dicho señalamiento de transgresión hacia la ley.
