Los cobros que hace el Gobierno del Estado derivado de los dictámenes por adeudos de agua, no son excesivos, se cobra lo correcto y lo justo, porque, así como hay derechos, existen obligaciones, aseveró la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez.
Lo anterior, luego de las declaraciones que emitió la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Mexicali, Lidia Granados Pacheco, referente al “cobro excesivo por derechos de conexión” de las empresas.
La líder empresarial manifiesta que el sector del comercio organizado no cuestiona la legalidad del concepto de cobro, ya que está estipulado en la ley estatal, sin embargo, en lo que no están de acuerdo es cómo llegó la auditoría del órgano operador de la CESPM en los negocios, fijando tarifas muy altas por los servicios de agua.
La secretaria de Honestidad y la Función Pública puntualizó que la iniciativa privada de Mexicali, en este caso, reconoce la legalidad de los cobros, y que seguramente tuvieron reuniones internas y recibieron asesoría jurídica por este tema.
La funcionaria estatal se mostró sensible por las afectaciones económicas por la emergencia sanitaria, y sabe que también es un mal momento para el sector productivo particularmente.
«No es un cobro excesivo, creemos que nunca les cobraron lo correcto y justo, probablemente se les hace excesivo, porque nunca supieron cuánto tenían que invertir en un establecimiento y por los derechos de conexión», aseguró.
Espinosa Martínez recalcó que las empresas también tienen derechos, pero también tienen obligaciones; explicó que muchos negocios interpusieron recursos de amparo, y que desgraciadamente estas acciones no tendrán el efecto legal que ellos esperan, porque así lo marca la ley.
Invitó a los comercios afiliados a CANACO de Mexicali, a acercarse a los organismos correspondientes para resolver la problemática a través de convenios y formas de pago de sus adeudos.
El Gobernador Jaime Bonilla Valdez, reafirmó la conducta evasiva de algunos empresarios, de que ya vendrán otras administraciones a cobrarles o entregando dádivas.
«Fueron 30 años de abuso que, si en ese tiempo se hubiesen tenido esos recursos, no estuviera el Estado en las condiciones en que está, sin agua, sin servicios; hemos gastado millones de dólares en la compra de bombas, porque estaban todas deterioradas, y la canalización toda contaminada, problemas internacionales a consecuencia de esa actitud», aseveró.
