El Consejero Jurídico del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Salvador Gómez Ávila, adelantó que hasta el momento se han encontrado 266 observaciones, irregularidades u omisiones en las actas de entrega recepción recibidas el pasado 1 de octubre, señalamientos que en su gran mayoría ya fueron entregados a la Sindicatura Procuradora.
Subrayó que solo 47 de los 49 ex funcionarios citados acudieron a comparecer para que en los términos de ley esclarecieran o en su caso proporcionaran información adicional con relación a la entrega, de los dos ausentes se levantó un acta de incomparecencia que se turnó a Sindicatura.
Estas citaciones cumplen y se realizan bajo los términos establecidos en los artículos 18 y 34 de la ley de los asuntos y recursos públicos para el estado de Baja California y del reglamento de entrega y recepción.
Gómez Ávila recalcó que el presidente municipal, Arturo González Cruz, pidió una revisión puntual y expedita de la información que fue entregada por la pasada administración a fin de que se cumpla con el plazo que marca la ley de 45 días hábiles para hacer del conocimiento de Sindicatura las inconsistencias o irregularidades encontradas.
Será dicho organismo quien se encargue de hacer las investigaciones pertinentes para determinar la existencia o no de faltas administrativas no graves o graves y en su caso finquen responsabilidad a quién o quienes hayan cometido dichas faltas.
También indicó que el número de inconsistencias, omisiones o irregularidades podría aumentar ya que en los próximos días el Instituto Metropolitano de Planeación y la Secretaría de Desarrollo Urbano, estarán haciendo la entrega de expedientes pertinentes.
“Nosotros como Consejería Jurídica nos dedicamos a auxiliar a los titulares de las dependencias para la integración de las carpetas respectivas y poderlas enviar a Sindicatura, son los titulares quienes procedieron a hacer la entrega de las irregularidades encontradas en cada una de la áreas”, aseguró.
En este proceso puede haber faltas no graves como la ausencia de bienes inmuebles o no localización de los mismos, hasta faltas graves como el desvío de recursos públicos, sin embargo será la Sindicatura quien inicie una investigación y posteriormente el proceso de fincamiento de responsabilidades.
La ley indica que las faltas graves prescribirán en un lapso de 7 años y las no graves en 3, además señala que los funcionarios citados serán aquellos que fungieron como directores y secretarios.
