El mejor resumen de lo sucedido el viernes pasado en el Congreso, correspondió sin duda a la expresión de Dora Elena Cortés, de la Agencia Fronteriza de Noticias: “¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza lo que los bajacalifornianos atestiguamos esta mañana!”; en su nota hace un recuento pormenorizado de los hechos a partir del jueves con el nombramiento de Raúl Castañeda como presidente del Congreso, y que remataron el viernes con la aprobación de una deuda que habremos de pagar todos los ciudadanos durante los próximos 37 años. La vergüenza la sentimos todos. Los hechos son responsabilidad exclusiva de los diputados que votaron a favor.
Como todo lo que se oculta en el secreto y se aferra a mantenerse en ese estado es, en el mejor de los casos, inmoral; así han sido las maniobras diseñadas para aprobar las propuestas del ejecutivo a partir del Decreto 57, el de las famosas APP y que ahora culminaron con la aprobación del dictamen 95; esas maniobras fueron una mezcla de opacidad, secretismo e intransigencia que terminaron en acciones limítrofes entre lo inmoral y lo ilegal.
Si bien lo ilegal es probable, en el sentido que tiene que probarse, lo inmoral es a todas luces evidente y me hizo recordar el típico “descontón” que propinan los gandayas a quienes todavía no acaban de subir la guardia. Se vale, pero es inmoral y provoca vergüenza en quien lo atestigua.
Al final de cuentas, al gandaya que actúa de modo inmoral se le forma un cerco de rechazo por su comportamiento, es reprobado socialmente y deja de ser digno de confianza en todos los ámbitos. En este punto de desconfianza habrá que esperar la respuesta de los banqueros e inversionistas ante tanta inmoralidad: ¿confiarán todavía en un gobierno que no cuenta con el apoyo ciudadano necesario para pagar una deuda de muy largo plazo?
Los intereses que cobran los bancos e inversionistas dependen del tamaño del riesgo de recuperación de la inversión: a mayor riesgo de recuperación, mayor el interés del capital. Aquí debe recordarse que las condiciones pactadas en los contratos de las desalinizadoras, planteaban un modo de recuperación de la inversión que luego tuvo que modificarse a solicitud del licitante; esa condición se establece ahora con la formación de un fideicomiso que intervendrá a su favor, todas las cuentas de los organismos operadores del agua, lo que suena muy conveniente pero que tal vez no sea suficiente garantía ante el descontento popular, que podría llegar a extremos de no pagar sus consumos bajo las nuevas tarifas. En este caso hipotético, los inversionistas harían bien en desconfiar de los acuerdos con un gobierno inmoral, que no encontrará apoyo ni respuesta en los ciudadanos que ya fueron vilmente engañados.
Finalmente el descontento popular, que raya en el encabronamiento generalizado, es un factor que debería tomarse en cuenta por los políticos de carrera y los que deseen permanecer en las nóminas del gobierno; no he encontrado a alguien que diga que el desempeño de nuestros administradores es el idóneo y que cubre las expectativas de quienes votaron por ellos. Basta con leer los comentarios ciudadanos en las redes sociales y en los periódicos para saber de qué estoy hablando.
He anotado en el cuerpo de esta nota los tres aspectos que rigieron y que seguirán afectando al proceso del viernes pasado: inmoralidad, desconfianza y enojo. Puedo entender que existan asuntos de gobierno que requieran secrecía y discreción, no me asusta lo inmoral del agandaye y del descontón; podría también aceptar que los bancos e inversionistas realicen los negocios de su giro y obtengan beneficios lícitos de esa actividad, pero no acepto ni aceptaré que estos remedos de políticos nos quieran ver la cara de pendejos. Eso no.
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El autor es miembro fundador de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción Tijuana–Tecate–Rosarito, (Comice TTR).
